15/01/2021
El futuro de la concesión de Vulcano está pendiente de resolución por parte del Juzgado de Conflictos de Jurisdicción, al que la Delegación del Gobierno en Galicia trasladó el expediente de declaración de extinción • Mientras el conflicto jurisdiccional no sea resuelto, debe mantenerse en suspenso la venta judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Conflictos • Si el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción autoriza la venta de toda la unidad productiva, el plazo de la concesión vencería el año 2027, debiendo realizarse, llegada esa fecha, un concurso público
La Autoridad Portuaria de Vigo quiere manifestar su total apoyo a la actividad naval, así como la defensa por la creación de puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción y la reparación naval en el Puerto.
No obstante, conocedores a través de los medios de comunicación en el día de hoy de que la venta de la extinta Factorías Vulcano ya ha sido formalizada, para la Autoridad Portuaria de Vigo es imprescindible que cualquier proyecto para los terrenos aporte seguridad jurídica a los inversores y genere el mayor nivel posible de empleo, servicio y riqueza.
En este sentido, el Servicio Jurídico del Estado interpuso en el día de ayer un recurso de reposición y solicitó medidas cautelares ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra, requiriendo la suspensión de la venta de la unidad productiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Conflictos.
Asimismo, la Autoridad Portuaria dirigió hoy un burofax al Administrador concursal, recordándole la situación actual de la concesión.
Si el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción autoriza la venta de toda la unidad productiva, incluida la parte de concesión en dominio público portuario, el plazo de la concesión vencería el año 2027, debiendo realizarse, llegada esa fecha, un concurso público.
La Autoridad Portuaria de Vigo trasladó, a través de la Delegación del Gobierno, el expediente de declaración de extinción de la concesión al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, con el fin último de que este organismo se pronuncie sobre el procedimiento que se debe seguir en relación con la concesión, aportando, de esta manera, todas las garantías jurídicas a los inversores.
